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CiU exige que se exima de documentar las operaciones vinculadas a las pymes
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Fecha: 09-03-2010
Resumen: La luna de miel que el Gobierno mantiene con Convergència i Unió a raíz del diálogo entablado en el palacio de Zurbano puede resolver la papeleta a las pymes que facturen menos de 100.000 euros y se vean atrapadas en la madeja burocrática de tener que documentar las operaciones vinculadas. Los nacionalistas catalanes han registrado en el Congreso una proposición no de ley para que a estas empresas se les exima de tales obligaciones pues de lo contrario, argumenta la coalición, muchas de ellas tendrán que cerrar.
Noticia: Por operaciones vinculadas se entiende, según la legislación, aquellas que se realizan entre una entidad y sus socios partícipes, entre ésta y sus consejeros o administradores, entre personas unidas por relaciones de parentesco, entre dos entidades pertenecientes al mismo grupo y entre una sociedad y otra participada por la primera de forma indirecta con, al menos, el 25% del capital social.
CiU pide también que se establezcan precios y criterios objetivos de mercado que puedan ser aplicados con carácter general a las pequeñas empresas para simplificar la determinación de los precios en las operaciones vinculadas más habituales: sueldo del administrador y tipos de interés aplicables a los préstamos. El objetivo es simplificar la gestión administrativa de carácter fiscal de este tipo de empresas y otorgar una mayor eficiencia de control a la administración tributaria, a la vez que reducir la conflictividad de las empresas frente a la Agencia Tributaria.
Los nacionalistas catalanes proponen, por último, reconsiderar y suprimir para las pequeñas y medianas empresas el régimen de sanciones previsto en la ley en todo aquello que afecte a irregularidades administrativas formales, cuando estas no tengan un efecto relevante sobre los ingresos de Hacienda.
En el caso de una pequeña empresa que no haya valorado ni documentado una determinada operación vinculada, la sanción puede tener una cuantía mínima de 66.000 euros y en el caso de que la valoración sea correcta pero no esté bien documentada, podría rebajarse a 33.000 o bien a 16.500 si la empresa firma un acta de acuerdo.
El PP reclama el Consejo del Autónomo
El PP ha registrado en el Congreso otra iniciativa parlamentaria para que el Gobierno constituya el Consejo Estatal del Autónomo, regulado en el estatuto que rige para este colectivo.
Los populares recuerdan que el Ejecutivo aprobó en 2007 el Estatuto del Trabajo Autónomo con la intención de eliminar las diferencias entre los asalariados y los autónomos, "dando unas expectativas de derechos que, a fecha de hoy, no se han cumplido". En su iniciativa, el PP demanda, además, que se dé mayor publicidad al citado estatuto, pues buena parte de los autónomos desconoce su contenido.
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